
Habitualmente, los contratos de alquiler prevén que la renta pactada se actualice anualmente, siendo la aplicación del IPC sobre la renta del año anterior la modalidad más generalizada.
La Ley de Vivienda de 2023 ya estableció un primer límite al determinar que la actualización anual no podía superar el IRAV (Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda). Cabe destacar que este índice, especialmente diseñado por el Ministerio de Economía, siempre es inferior al IPC. Por lo tanto, esta ley determina que todas las actualizaciones de renta a partir de mayo de 2023 deben realizarse de acuerdo con este índice.
A partir del 8 de octubre de 2026, fecha en la que entra en vigor el denominado “Decreto Maricarmen”, se añaden nuevas limitaciones a la actualización de la renta. Esta nueva regulación establece dos limitaciones:
Estas limitaciones de las actualizaciones tienen carácter extraordinario y serán de aplicación a todas aquellas actualizaciones que se produzcan durante el período comprendido entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
Esta medida, al igual que otras incluidas en este decreto, supone una limitación más de los derechos de los arrendadores, ya que modifica las condiciones que se acordaron en el contrato en beneficio de los arrendatarios y a costa de los propietarios arrendadores. El conjunto de limitaciones de los derechos de los arrendadores está creando un clima de inseguridad jurídica que desincentiva a los propietarios y, en consecuencia, afecta a la oferta de viviendas de alquiler, que es del todo insuficiente para atender las necesidades de la población.
El denominado “Decreto Maricarmen”, que recientemente ha sido convalidado por la Comisión Permanente del Congreso, comporta, entre otras medidas, unas limitaciones extraordinarias en las actualizaciones de los alquileres. Habitualmente, los contratos de alquiler prevén que la renta pactada se actualice anualmente, siendo la aplicación del IPC sobre la renta del año anterior la modalidad más […]
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