La provincia de Girona refuerza la protección de los propietarios frente a las ocupaciones ilegales de viviendas

Los Magistrados de la Audiencia Provincial de Girona han manifestado y unificado criterios para abordar estas ocupaciones por la vía penal.

Las ocupaciones ilegales de viviendas son un problema grave para los propietarios desde hace tiempo, ya que los procedimientos oficiales para hacerles frente son muy lentos y, además, la policía se encuentra con muchas limitaciones a la hora de intentar resolver este tipo de situaciones. Esto provoca que, mientras la propiedad impulsa un procedimiento judicial lleno de obstáculos, los ocupantes ilegales puedan permanecer en la vivienda durante un largo período.

Recientemente, los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Girona han acordado nuevos criterios de actuación con el objetivo de agilizar la tramitación penal, romper con esta dinámica y permitir a la propiedad recuperar la posesión de sus inmuebles a corto plazo.

No obstante, cabe destacar que quedan excluidos los delitos de violación de domicilio, ya sea del domicilio habitual o de segundas residencias (este último ya cuenta con una protección judicial especial y se puede decretar el desalojo inmediato como medida cautelar).

Estos son los nuevos criterios en los supuestos de usurpación de bienes inmuebles:

• Se recomienda la tramitación de las ocupaciones por el procedimiento inmediato de enjuiciamiento de delitos leves.
• En caso de ocupaciones recientes de inmuebles, la policía debe proceder al desalojo de los ocupantes sin que sea necesaria una autorización judicial previa. Además, los agentes realizarán una comprobación de daños para remitir al juzgado de guardia.
• El titular de una finca ocupada no tiene la obligación de mantener el alta de los suministros de una finca ocupada.

Los magistrados también han aclarado los elementos que deben darse para considerar que existe un delito de usurpación:

• Que la ocupación se realice con vocación de permanencia.
• Que la ocupación atente contra la posesión del titular.
• Que el ocupante no tenga título para hacerlo (arrendamiento, cesión precaria, etc.).
• Que la ocupación se lleve a cabo contra la voluntad del titular. En este caso se valorará en función de si se han puesto medidas de protección (alarmas, puertas blindadas), o se han realizado actuaciones como ponerla a la venta o alquiler, pagar comunidad e impuestos o interponer denuncia al tener conocimiento de la ocupación.

Sin perjuicio del grave problema de acceso a la vivienda, que debe resolverse con medidas impulsadas desde las administraciones y aplicando criterios objetivos para determinar cómo y qué personas deben ser las beneficiarias, lo que no debe permitir el sistema es que sean los delincuentes quienes ocupen las viviendas de forma ilegal en detrimento de las personas más necesitadas.

Desde la Cambra de la Propietat Urbana de Girona confíamos en que estas medidas ayuden a frenar el fenómeno de las ocupaciones, que se ha extendido gracias a la permisividad del sistema.