Para conseguirlo, se quiere reducir el CO₂ que genera el sector residencial e impulsar que los edificios de nueva construcción tengan un consumo de energía prácticamente nulo.
Al mismo tiempo, también se quiere promover la rehabilitación de las viviendas ya construidas para disminuir el consumo energético y las emisiones contaminantes.
Además, la directiva pone un énfasis especial en la rehabilitación de los edificios menos eficientes energéticamente, con el fin de mejorar el confort de las viviendas y reducir las emisiones de CO₂.
Por lo tanto, podemos ver que la eficiencia energética es un factor cada vez más determinante en el mercado inmobiliario, y la calificación del certificado energético se convierte en un elemento clave en la compraventa.
En este sentido, las viviendas con calificaciones altas (A, B o C) ganan atractivo y valor de mercado, mientras que las viviendas con calificaciones bajas (E, F o G) pueden sufrir una pérdida de valor progresiva.
En un principio, estas medidas se irán endureciendo con el paso del tiempo. Aunque no está determinado, se está planteando que a partir de 2040 las viviendas deban tener una calificación B. El objetivo es muy claro: conseguir que todos los edificios alcancen la máxima eficiencia energética.
Este cambio normativo podría tener un gran impacto en el mercado inmobiliario, ya que será necesario mejorar la calificación energética de las viviendas.
Se puede mejorar la eficiencia energética de la vivienda aplicando diferentes medidas, como reforzar el aislamiento térmico, instalar sistemas de ventilación eficientes o sustituir la iluminación convencional por luces LED, entre otras acciones.
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