Cambio de criterios en los requisitos para solicitar responsabilidad patrimonial en la Administración Pública

La Comisión Europea inició un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin de formular al citado Tribunal una pregunta: Los artículos de la legislación española que regulan la responsabilidad patrimonial del Estado son o no contrarios a la normativa europea ¿cuándo se produce una reclamación al Estado por haber vulnerado el derecho europeo?

La Comisión Europea entendió que España había impuesto unos requisitos muy rígidos que, en la práctica, hacían casi imposible solicitar una responsabilidad patrimonial al Estado cuando había una infracción de la normativa europea.

Por último el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto a favor de los ciudadanos y ha dictado una sentencia que declara contraría al derecho de la Unión Europea la normativa española sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Ya lo advirtió el Abogado General del Tribunal (sus informes no vinculan al Tribunal, pero asiste al Tribunal de Justicia, presentando conclusiones motivadas) y ahora lo ha confirmado el Tribunal de Justicia.

¿Qué importancia práctica tiene esta resolución europea?
Como consecuencia de esta Resolución judicial España deberá tomar medidas para garantizar el correcto cumplimiento del régimen jurídico para obtener un resarcimiento por daños derivados de leyes contrarias al régimen comunitario. Expuesto con otras palabras la sentencia implica que, en lo sucesivo, será más fácil para los ciudadanos exigir al Estado español su responsabilidad patrimonial.

Este cambio de criterio puede facilitar futuras reclamaciones:

• Las reclamaciones patrimoniales contra las sanciones impuestas por la Administración catalana a determinados propietarios por no haber realizado el ofrecimiento de un alquiler social obligatorio a los arrendatarios.
• Las reclamaciones contra las sanciones de la Administración por no cumplir la “función social” de la vivienda (expropiación forzosa o multas coercitivas), sobre todo si tenemos en cuenta que la Ley que promueve estas obligaciones -Ley 1/2022, de 3 de marzo- ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional español.
• Las reclamaciones por la Plusvalía municipal pagada, sobre todo teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 declaró inconstitucional la forma del cálculo de este impuesto.
• Las reclamaciones de la denominada “cláusula suelo” que tantos perjuicios económicos ha causado a los ciudadanos que habían contratado una hipoteca. En este caso, tampoco podemos olvidar que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta cláusula, según sentencia de 16 de septiembre de 2021.

Nada garantiza el efectivo resarcimiento de los daños ocasionados a los ciudadanos por la aplicación de determinadas normas jurídicas estatales pero, al menos, con la sentencia del Tribunal europeo, se han desterrado aquellos requisitos tan rígidos que impedían, en muchos casos, el obtención de reparación patrimonial.

¿Qué requisitos han cambiado para solicitar la responsabilidad patrimonial de la administración por vulnerar el derecho de la Unión Europea?
La normativa estatal determina que para reclamar responsabilidades a las diferentes administraciones públicas por infracción del derecho de la Unión europea, deben cumplirse previamente determinados requisitos o, expuesto de otra forma: si no se dan previamente determinados requisitos la demanda contra el administración decaerá y no se podrá obtener una indemnización de los daños ocasionados a los particulares. Con la sentencia dictada por los Tribunales europeos se han flexibilizado y así:

• Existencia de sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión europea de la norma jurídica aplicada. Ahora ya no será necesario.
• Sólo serán indemnizables los daños producidos en los 5 años anteriores a la publicación de la sentencia, salvo que la sentencia disponga otra cosa. La reparación de los daños será íntegra y no podrá restar supeditada a los 5 años anteriores.
• Que el particular perjudicado hubiera recurrido la actuación administrativa que, en aplicación de esa norma, le originó el daño y hubiera obtenido una sentencia firme desestimatoria de sus pretensiones. El Tribunal europeo entiende que un ciudadano puede verse perjudicado por otras vías que no sean necesariamente un procedimiento judicial.
• El perjudicado sólo dispondrá de un año desde su publicación en el Diario Oficial de la Sentencia del Tribunal de Justicia que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma aplicada, para gestionar la reclamación. El Tribunal europeo ha determinado que éste no puede ser el único punto de partida para realizar la reclamación.

Ahora sólo quedará comprobar cómo adaptará el Estado español el contenido de la sentencia del Tribunal Europeo a su normativa interna.