Cabe destacar, no obstante, que esta modificación del mapa, por el momento, no está en vigor. Para que lo esté, es necesario, en primer lugar, que la Generalitat publique una resolución administrativa en el DOGC. Posteriormente, será necesaria otra resolución administrativa del Ministerio de Economía que autorice la nueva declaración de zona de mercado residencial tensionado, la cual también deberá publicarse en el BOE.
Por tanto, hasta que no se completen estos trámites y se produzcan las correspondientes publicaciones oficiales, esta modificación no será aplicable.
De los 53 municipios que se incorporarán, 16 forman parte de la provincia de Girona. Estos son: Bàscara, Campdevànol, Crespià, La Jonquera, Llagostera, Les Preses, Madremanya, Osor, Palau-sator, El Port de la Selva, Sant Feliu de Pallerols, Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan les Fonts y Ullà.
Por el contrario, Figueres y Banyoles dejarán de estar considerados dentro de las zonas de mercado residencial tensionado. Según el Govern de la Generalitat, estos dos municipios, junto con otros veinte de distintos puntos de Cataluña, han mejorado sus indicadores de acceso a la vivienda.
A partir de marzo, si se autoriza esta nueva declaración de zona de mercado residencial tensionado, 22 municipios quedarán excluidos de las medidas de limitación de los precios del alquiler.
En el resto de municipios tensionados, la normativa de limitación del alquiler continuará vigente. En estas poblaciones, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente durante los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual correspondiente. Además, cuando se trate de un gran tenedor, el alquiler no podrá ser superior al índice de referencia del precio del alquiler.
Las nuevas declaraciones se publicarán en el DOGC y, a partir de ese momento, se abrirá un período de alegaciones. Una vez resueltas, el listado definitivo pasará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que deberá aprobarlo y publicarlo en el BOE antes de que entre en vigor.
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