La Generalitat de Catalunya ha aprobado la Ley 8/2026, de 2 de julio, de erradicación del amianto, con el objetivo de acelerar la identificación y la retirada de los materiales que contienen amianto, conocidos popularmente como «uralita», que todavía están presentes en numerosos edificios.
Esta ley responde a los objetivos establecidos por la Unión Europea para lograr la eliminación progresiva del amianto, dado que representa un riesgo para la salud cuando los materiales se deterioran o son manipulados de forma inadecuada.
La ley es aplicable a todos los inmuebles situados en Catalunya, tanto si se trata de viviendas unifamiliares como de edificios plurifamiliares, locales, naves u otras construcciones, y afecta tanto a los propietarios particulares como a las comunidades de propietarios.
La nueva normativa pretende facilitar la detección, localización y retirada de los materiales que contienen amianto, protegiendo la salud de las personas y promoviendo su eliminación progresiva.
Para conseguir este objetivo se pondrán en marcha diversos instrumentos que afectarán directamente a los propietarios.
La ley prevé la implantación de un certificado de presencia o ausencia de amianto, que deberá acompañar a la venta o al alquiler de los inmuebles.
Este certificado indicará, como mínimo:
Las características definitivas de este certificado se establecerán mediante un reglamento que la Generalitat aprobará próximamente.
La Generalitat creará un Censo Catalán de Materiales que Contienen Amianto, que permitirá identificar los edificios donde existen estos materiales y realizar el seguimiento de su retirada progresiva. Este censo incorporará también la información procedente de los censos municipales.
La ley establece que los propietarios deberán:
Es importante recordar que la simple existencia de amianto no implica necesariamente un peligro inmediato. El riesgo aparece principalmente cuando el material se degrada o se rompe y puede liberar fibras al ambiente.
Las comunidades deberán planificar la retirada del amianto cuando se detecte en los elementos comunes del edificio y, en su caso, aprovechar las obras de rehabilitación para eliminarlo de forma segura.
Los administradores de fincas también asumen nuevas funciones de información y apoyo a las comunidades, especialmente en lo relativo al certificado de amianto, la comunicación al censo y la información sobre las subvenciones disponibles.
Sí. La ley crea el Fondo para la Erradicación del Amianto de Catalunya y prevé la convocatoria periódica de ayudas y subvenciones para facilitar la retirada de los materiales con amianto, especialmente en viviendas y comunidades de propietarios.
La retirada solo puede ser realizada por empresas especializadas y autorizadas.
Los residuos que contienen amianto tienen la consideración de residuos peligrosos y no pueden abandonarse ni depositarse en puntos limpios o vertederos no autorizados.
La ley establece un régimen sancionador para los incumplimientos más graves, como no comunicar la presencia de amianto cuando sea obligatorio, no señalizar los trabajos de retirada o gestionar incorrectamente estos materiales. Las sanciones pueden ser importantes.
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona pone a disposición de sus asociados los servicios jurídicos y técnicos para:
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