La Cátedra de Empresa “Habitatge i Futur” de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), junto con la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), ha publicado su sexto Policy Brief, titulado “L’Habitatge protegit a Catalunya: un descoratjador viatge de 20 anys”. Este informe, elaborado por los economistas Miquel Morell y Agustí Jover, y por Nil Ragàs, licenciado en ADE, bajo la coordinación del profesor Josep Maria Raya, ha despertado un gran interés, llevando a la Cámara de la Propiedad Urbana de Girona a difundirlo entre sus asociados.
Desde 1978, los sucesivos Planes Estatales de Vivienda (PEV) han definido diversas líneas de ayudas y recursos para fomentar la creación de VPO. Entre 2004 y 2011, Catalunya registró una media anual de 6.194 viviendas calificadas provisionalmente (iniciadas), mientras que entre 2013 y 2023, esta cifra descendió a 1.569 al año.
Por tanto, el problema de acceso a la vivienda en 2025 no es coyuntural, sino estructural, debido a la falta de recursos del Estado desde hace más de una década.
Por tanto, el problema de acceso a la vivienda en 2025 no es coyuntural, sino estructural, debido a la falta de recursos del Estado desde hace más de una década.
Desde 2013, la Generalitat ha incrementado su esfuerzo presupuestario para financiar VPO mediante planes autonómicos, aunque este aumento no ha logrado compensar la pérdida de recursos estatales. De 2013 a 2023, la inversión combinada del Estado y la Generalitat en políticas de vivienda ha representado solo el 0,29% del presupuesto total, evidenciando que las administraciones no consideran la vivienda un servicio básico de primera necesidad.
El déficit acumulado de VPO entre 2013 y 2023, sumado a las necesidades futuras para los próximos 15 años, exige la construcción de 20.866 nuevas VPO anuales, lo que equivale a 18 veces más de lo que se produce actualmente. Esto implica replantear completamente las políticas de vivienda del último decenio.
Entre 2013 y 2023, el 34% de las 13.320 VPO construidas en Cataluña fueron promovidas por el INCASOL y otros organismos públicos, mientras que el 66% restante provino de promotores privados, con o sin ánimo de lucro. Por ello, la colaboración público-privada es esencial para aumentar la producción de vivienda protegida en Catalunya.
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