Medidas fiscales contenidas en la Ley por el derecho a la vivienda

La nueva Ley por el derecho a la vivienda incluye medidas de carácter fiscal que afectan el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). En concreto, esta medida plantea cambios en los incentivos fiscales para los propietarios en el IRPF, lo que provocará que el propietario, al alquilar, decida cobrar más al inquilino teniendo que pagar más impuestos, o bien reducir el alquiler y, por lo tanto, pagar menos a la Agencia Tributaria. Esta medida es un mecanismo para intentar aumentar la oferta de viviendas en alquiler.

Estas son las principales novedades que traen consigo estas medidas fiscales:

IRPF 

Desde el año 1999, el arrendador disfruta de un régimen fiscal muy beneficioso: puede reducir su renta inmobiliaria en un 60% si alquila la propiedad para uso de vivienda habitual. A partir del 1 de enero de 2024, para los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda habitual formalizados a partir del 26 de mayo de 2023, esta reducción se reduce al 50%.

Sin embargo, es importante destacar que la reducción puede aumentar si se dan las siguientes circunstancias:

• Reducción del 90% si el nuevo contrato se ha formalizado en una zona de mercado tensionado y hay una reducción de al menos un 5% en relación con la última renta actualizada del contrato anterior de la misma vivienda.
• Reducción del 70% cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando el arrendatario alquila por primera vez la vivienda, se encuentra en una zona de mercado tensionado y el inquilino tiene entre 18 y 35 años. Si hay varios inquilinos en la misma vivienda, esta reducción se aplicará proporcionalmente a la parte de rendimiento neto que corresponda a los mencionados inquilinos.
2. Cuando el arrendatario es una Administración Pública o entidades del tercer sector, o está acogido a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler.

• Reducción del 60% cuando la vivienda haya sido objeto de una actuación de rehabilitación en los dos años anteriores a la fecha de formalización del contrato.

Régimen transitorio

Para los contratos de arrendamiento de vivienda formalizados antes del 26 de mayo de 2023, continuará aplicándose la reducción del 60% a los rendimientos netos del alquiler.

IBI 

Antes de la aprobación de la Ley por el derecho a la vivienda, los Ayuntamientos ya podían exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del IBI a los inmuebles de uso residencial que estuvieran desocupados. A partir de la entrada en vigor de esta Ley:

• Los Ayuntamientos pueden establecer el recargo de hasta el 100% de la cuota líquida del impuesto cuando el período de desocupación sea superior a tres años.
• Los Ayuntamientos podrán aumentar el porcentaje del recargo hasta el 150% si el titular tiene 2 o más inmuebles desocupados en el mismo municipio.

Los recargos no podrán aplicarse hasta que el Ayuntamiento haya formalizado la correspondiente declaración de desocupación de los inmuebles afectados, previa audiencia del contribuyente.

Entre las causas justificadas de desocupación temporal que impiden la aplicación de los recargos se encuentran las siguientes:

• Traslado temporal por razones laborales o de formación.
• Cambio de domicilio por situación de dependencia o razones de salud o emergencia social.
• Inmuebles destinados a usos de vivienda de segunda residencia con un máximo de cuatro años de desocupación continua.
• Inmuebles sujetos a actuaciones de obra o rehabilitación, u otras circunstancias que impidan su ocupación efectiva
• Viviendas que estén siendo objeto de un litigio o causa pendiente de resolución judicial o administrativa que impida su uso y disposición.
• Inmuebles cuyos titulares, en condiciones de mercado, ofrezcan en venta, con un máximo de un año en esta situación, o en alquiler, con un máximo de seis meses en esta situación.
• Para el caso de inmuebles de titularidad de alguna Administración Pública, se considerará también como causa justificada: que el inmueble esté siendo objeto de un procedimiento de venta o de puesta en explotación mediante arrendamiento.