Esta medida la presentó la Generalitat a finales de Julio para evitar una avalancha de desahucios a partir del 9 de agosto, fecha en que terminaba la moratoria aprobada por la pandemia. Como el Gobierno ha alargado hasta el 31 de octubre de 2021 la moratoria que prohíbe los desahucios a familias vulnerables, parece que de momento la Generalitat no tendrá que utilizar esta herramienta, ya que las familias vulnerables con fecha de desahucio fijada hasta a finales de octubre deberían beneficiarse de la moratoria mencionada, pero no hay que olvidar que esta moratoria no ha evitado un buen porcentaje de desahucios de personas vulnerables ni tampoco ha resuelto el problema: sólo ha acumulado miles de expedientes en los juzgados que tarde o temprano tendrán que resolver.
La medida se enmarca en el programa “Reallotgem”, dotado inicialmente con 20 millones de euros y que prevé cubrir al menos 1.500 casos de familias que cumplen los requisitos de la mesa de emergencia de la Generalitat.
La idea es que el Gobierno asuma los costes de las personas afectadas por una orden de expulsión, independientemente de si se trata de una ocupación o un caso por impago del alquiler.
El funcionamiento es el siguiente: la Generalitat actuará como inquilina ante el propietario y cubrirá los costes de alquiler de estas familias con contratos de entre 5 y 7 años de duración y al precio indicado por el índice de referencia establecido en la ley de arrendamientos urbanos.
Como resultado, las familias que se acojan a la medida deberán abonar entre el 10% y el 18% de sus ingresos -lo que serían de media unos 70 euros mensuales de alquiler- y será la administración quien pagará el importe restante al propietario hasta llegar al precio que marca el contrato. En los casos de alquiler, el gobierno también asumirá la deuda pendiente hasta un máximo de seis mensualidades.
La fórmula que utilizará el Gobierno para poder facilitar estas ayudas se fundamenta en dos contratos de alquiler diferentes:
Siempre dependerá de la “buena voluntad” de los propietarios, que en ningún caso estarán obligados a entregar la vivienda. Es por este motivo que el Gobierno prevé la posibilidad de asumir el coste del alquiler mientras duren las negociaciones -como garantía de cobro para los propietarios- y mientras buscan una vivienda alternativa por si no se llega a un acuerdo.
En caso de que las negociaciones con el propietario no fructifiquen, la Generalitat buscará la colaboración de los ayuntamientos para buscar una solución.
Los contratos se firmarán uno por uno y de manera bilateral entre la Generalitat y los propietarios. Pero de la medida se excluyen aquellos que ya están obligados a ofrecer un alquiler social a las familias antes de iniciar el desahucio (son los propietarios grandes tenedores que sean personas jurídicas y que dispongan de 15 pisos o más en propiedad, según establece la ley 24/2015).
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