La Cambra de la Propietat Urbana de Girona presenta alegaciones a la declaración de áreas con mercado de vivienda tenso

La entidad defiende que la intervención de los precios del alquiler no resuelve la baja oferta de pisos de alquiler y que el procedimiento utilizado vulnera el principio de autonomía local de los municipios

Los municipios de la provincia de Girona que la Generalitat propone
declarar zonas de mercado residencial tensionado

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona ha presentado alegaciones al procedimiento iniciado por la Generalitat de declarar Zonas de Mercado de Vivienda Tensionada 140 municipios de Catalunya, 16 de los cuales de la demarcación de Girona. Consideran que la Ley opta por una política restrictiva o limitadora de los derechos de los propietarios y arrendadores sin compensación ni contrapartida alguna.

La Generalitat ha elaborado este procedimiento para poder limitar el precio del alquiler en las zonas consideradas de vivienda tensa. Sin embargo, desde la Cambra creen que es una política equivocada para resolver el problema de la vivienda. Y son muy críticos con unas administraciones públicas que consideran que no han hecho sus deberes para abordar el problema.

Apuntan que el incremento de precios es provocado por la escasez de la oferta de viviendas de alquiler y que la solución pide hacer políticas que fomenten la oferta. Creen que estas políticas que se están aprobando restringen los derechos de los propietarios y crean incertidumbres jurídicas. Esto genera el efecto contrario de la normativa con una reducción de la oferta, tendencia que se mostró con las rentas congeladas que el siglo pasado llevaron a España a la cola de países europeos en vivienda de alquiler.

Entre las alegaciones presentadas, cuestionan que el Gobierno haya utilizado datos de 2020 para escoger a los municipios que se incluyen en la declaración de zonas de mercado residencial tensionado que se aprobaría este 2023. Para ellos, que el último estudio estadístico hecho por el INE sea de esa fecha no puede servir de excusa para utilizar datos de hace tres años. Añaden que sí se dispone de datos más cercanos, de hecho, del año 2022. Mientras que tampoco olvidan que 2020 fue un año especialmente singular, con los ERTES, la disminución de ventas de los comercios o la reducción de ingresos de los autónomos entre otras consecuencias económicas de la Covid. Desde la Cambra creen que es un año que distorsiona totalmente la comparativa de ingresos de los hogares con el coste del pago de las hipotecas o alquileres. Así pues, califican de datos distorsionados la base que se ha usado para determinar qué municipios son áreas de mercado de vivienda tensionadas.

Otra de las alegaciones señala que existe un incumplimiento del artículo de la nueva Ley de la Vivienda. Puesto que en la documentación que está en información pública no se incluye ningún plan específico proponiendo medidas para la corrección de aquellos desequilibrios del mercado de vivienda que provocan la declaración. También creen que se incumple otro requisito legal, en este caso, con la falta de un análisis concreto de los datos para cada uno de los municipios que se pretende declarar como tensionados.

Desde la Cambra de la Propietat Urbana también han realizado observaciones con respecto a los municipios de Girona afectados por la regulación. Basándose en los datos que publica la propia entidad, creen que la evolución del precio en estos municipios ha estado generalmente por debajo de la media del territorio catalán (excluyendo Barcelona de la media ya por su factor de capitalidad puede desvirtuar la visión general del territorio). Ponen de ejemplo municipios como Ripoll, donde la media del precio de alquiler de vivienda está muy por debajo de la media catalana. Igualmente, las poblaciones de Olot o Figueres también tienen precios de alquiler muy por debajo de la media catalana.

Aunque en la mayoría de las poblaciones los precios de los alquileres de vivienda han subido en los últimos 15 años, argumentan que este crecimiento ha sido inferior al incremento experimentado del IPC. Y si el IPC subió un 27,30%, el alquiler en Girona subió un 22,61%, un 14,57% en Olot o un 3,55% en Banyoles. Por eso piden que la Generalitat excluya de la declaración de mercado de vivienda tensionada los municipios de Girona. Porque creen que esta intervención de los precios del alquiler es un error y una vulneración del principio de autonomía local de los municipios.

En el documento presentado a la Generalitat, desde la Cambra siguen defendiendo que el problema de la vivienda es causado por un problema de oferta y demanda. Consideran que las administraciones públicas no han trabajado para evitar el tensionamiento del mercado y el incremento de precios. Y es que las administraciones no han creado vivienda social ni han incentivado que el sector privado hiciera vivienda de alquiler. En la última década, en 12 de los 16 municipios de Girona que ahora pasarían a ser tensionados no se ha construido ninguna vivienda de protección oficial. Mientras que en los cuatro municipios restantes sólo se han construido 119 viviendas en 10 años.

En lugar de eso piden a las administraciones más medidas para incentivar que los propietarios pongan viviendas para alquilar como, por ejemplo, medidas ayudas para la rehabilitación, facilitar la promoción y construcción de nuevas viviendas o mayor seguridad jurídica en cuanto a la regulación del alquiler la eficacia de los procedimientos en caso de impago.

La declaración de zonas de mercado residencial tensionado

La Generalitat tramitó la declaración de áreas tensas por 140 municipios catalanes, donde viven 6,2 millones de personas. Del total de municipios, 16 forman parte de la provincia de Girona: Banyoles, La Bisbal de Empordà, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Porqueres, Puigcerdá, Ripoll, Salt, Sant Feliu de Guíxols , Santa Coloma de Farners y Sarrià de Ter.

La normativa se publicó en el DOGC el pasado día 22 de junio, lo que inició el período de información pública que es de 20 días. La Cámara de la Propiedad Urbana de Girona entró las observaciones, sugerencias y alegaciones el pasado lunes 18 de julio.

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