2024 en perspectiva: qué ha significado el año para los propietarios arrendadores y qué les espera durante 2025

El año 2024 ha estado marcado por la implementación de la regulación de los precios del alquiler en municipios ubicados en áreas tensionadas.

Esta medida ha afectado al 88% de los contratos firmados en la provincia de Girona. Además, la regulación de precios ha hecho que los contratos de arrendamiento sean mucho más complejos, ya que ahora se deben tener en cuenta muchas variables, como la ubicación de la vivienda, la condición de gran tenedor del arrendador, la determinación de los precios del alquiler en función del contrato anterior o según el índice de precios, etc.

El 2024 será recordado como el año en que disminuyó drásticamente la formalización de nuevos contratos de arrendamiento debido a la falta de oferta de viviendas.

Para actuar sobre este grave problema de escasez de viviendas de alquiler, las administraciones han optado por políticas de vivienda contrarias a los propietarios arrendadores, aplicando medidas que desincentivan la oferta, ya sea de pequeños propietarios o grandes inversores. A pesar de las promesas de futuras promociones públicas, no está claro cómo ni cuándo podrán llevarse a cabo.

En este sentido, continúan prorrogándose las medidas excepcionales que impiden realizar ciertos desahucios por impago. Estas situaciones de emergencia habitacional siguen recayendo sobre determinados propietarios y no sobre la administración.

¿Qué se prevé que pase durante el 2025?

Se prevé que este 2025 siga la misma línea que el 2024. Por lo tanto, continuarán aplicándose acciones intervencionistas por parte de la administración, lo que se traducirá en mayores limitaciones y más regulaciones en el mercado del alquiler.

• En cuanto a las actualizaciones de renta que tradicionalmente se aplicaban según el IPC, a partir de 2025 quedarán reguladas y limitadas por un nuevo índice que aún debe publicarse, pero que con total seguridad será inferior al IPC.
• Estamos nuevamente pendientes de si prospera o no la nueva regulación de los alquileres de temporada. Actualmente, esta proposición de ley está en el Congreso de los Diputados y busca limitar los contratos de alquileres de temporada a un máximo de nueve meses de duración. Si prospera, supondría la práctica desaparición de una modalidad de alquiler que, con el tiempo, ha sido muy útil para estudiantes, desplazados laborales, etc.
• Todos los contratos de corta duración, turísticos o no, de viviendas enteras o habitaciones quedarán regulados y necesitarán un número de registro para su publicación en las plataformas digitales de oferta. Además, estas plataformas deberán informar a la administración sobre la actividad comercial de cada inmueble.
• Está previsto que entre en vigor un régimen sancionador que servirá, entre otras cosas, para los supuestos en los que los nuevos contratos de arrendamiento no se ajusten a la regulación de precios.
• Se contempla la posibilidad de que continúen prorrogándose las medidas excepcionales que impiden realizar ciertos desahucios por impago.

En este momento, no tenemos conocimiento de que se estén preparando medidas para incentivar a los propietarios arrendadores a aportar viviendas de alquiler al mercado. Por lo tanto, se prevé que, para 2025, la actual situación dramática de falta de oferta se prolongue o incluso empeore.