Prórroga en la suspensión de los procedimientos de desahucios

El pasado 30 de junio entró en vigor el Real Decreto Ley 5/2023 de 28 de junio, que, junto con otras modificaciones legales, prorroga la suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2023.

Esta suspensión afecta a los desahucios iniciados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley que tengan como objeto la vivienda habitual del arrendatario en la que se reclamen las rentas de alquiler o cantidades adeudadas, así como aquellos casos en los que haya finalizado la vigencia del contrato.

¿Quién puede solicitar la suspensión del procedimiento judicial y cómo funciona?

• El arrendatario puede solicitarlo por escrito y ante el Juzgado
• Debe acreditar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica
• Una vez presentada la solicitud en el Juzgado, el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) enviará la documentación pertinente a los Servicios Sociales y solicitará un informe en el que se valore la situación económica del arrendatario
• El Juez, con la documentación y el informe de los Servicios Sociales, decidirá si suspende o no el procedimiento judicial.

Prórroga de la suspensión del procedimiento judicial de desahucio en los casos de ocupaciones de viviendas:

En este caso, para obtener una prórroga en el proceso de desahucio, los requisitos se modifican:

• Debe tratarse de la vivienda habitual del ocupante.
• Los titulares de las viviendas deben ser personas físicas propietarias de más de 10 viviendas o personas jurídicas
• Las personas que ocupan las viviendas deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y ser dependientes.
• El Juez tomará en cuenta si la entrada en la vivienda ha sido motivada por una situación de extrema necesidad y si los ocupantes han colaborado con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una alternativa de vivienda.
• No procederá la suspensión cuando:
  • Se trate de la vivienda habitual del titular o de su segunda residencia. Tampoco procederá si el titular ha cedido el inmueble (arrendamiento o cesión) a un tercero.
  • Si la ocupación ha estado hecha con violencia sobre las personas o si dentro del inmueble se están llevando a cabo actividades ilícitas
  • Las ocupaciones que hayan tenido lugar con fecha posterior al 30 de junio de 2023.

Procedimientos suspendidos actualmente. Prórroga de su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

Si el arrendador es un gran tenedor, los procedimientos solo se pueden reanudar si la parte actora acredita que se ha sometido a un procedimiento de conciliación o intermediación determinado por las Administraciones Públicas.

Prórroga del plazo de los derechos de los arrendadores y propietarios para solicitar una compensación

Se prorroga hasta el 31 de enero de 2024 el derecho a solicitar una compensación económica para aquellos arrendadores y/o propietarios a quienes se les haya suspendido el desahucio o el lanzamiento judicial. La solicitud puede presentarse hasta el 31 de enero de 2024.

¿En qué consiste esta compensación?

Es el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno donde se encuentre esta y se determina a partir de los precios de referencia del alquiler de vivienda, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador durante el período transcurrido entre el acuerdo de suspensión y el momento en que se levante la suspensión por parte del Tribunal o por haber agotado el plazo hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, si ese valor fuera superior a la renta que estuviera cobrando el arrendador, la compensación consistirá en la renta dejada de percibir durante el mismo período, más los gastos corrientes.

Medidas de apoyo a la adquisición de la vivienda habitual

Por otro lado, se aprueba una línea de avales para la cobertura parcial, a cargo del Estado, del financiamiento para la adquisición de la primera vivienda destinada a residencia habitual y permanente para jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a su cargo que formalicen operaciones de préstamo hipotecario con entidades financieras.

A los efectos anteriores, se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para que, mediante un Convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por un período de 15 años, otorgue una línea de avales con cobertura parcial del Estado, de hasta 2.500 millones de euros.