Nueva prórroga en la suspensión de desahucios

El 24 de diciembre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial del Estado Real Decreto Ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y se adoptan medidas en materia tributaria y de Seguridad Social. Y se prorrogan hasta el 31 de desembre de 2026.

Desde marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y con el fin de proteger la economía del Estado español, se publicó el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que tenía como objetivo prestar apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables. Entre otras medidas, se acordó una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica, la moratoria en la obligación de pago de la renta para estos colectivos, así como la suspensión de los procedimientos de desahucio para las personas vulnerables que no dispusieran de una alternativa habitacional.

En aquel contexto, las medidas urgentes sirvieron para dar respuesta a las circunstancias económicas derivadas de la pandemia. Lo cierto es, sin embargo, que muchas de estas medidas continúan vigentes en la actualidad, casi seis años después.

Ampliación del plazo para solicitar la suspensión de desahucios y lanzamientos de viviendas habituales arrendadas.

Hasta el 31 de diciembre de 2026, la persona arrendataria podrá solicitar al tribunal que dirija el procedimiento judicial la suspensión del desahucio, siempre que acredite que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.

Asimismo, en los procedimientos en los que se pretenda obtener la posesión legal de una vivienda por estar ocupada por una persona que no disponga de ningún título para ocuparla, el juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2026.

En este último caso, no obstante, para que la prórroga sea efectiva deberán cumplirse los siguientes requisitos:

• Que la vivienda sea titularidad de una persona jurídica o de una persona física que sea titular de más de 10 viviendas.
• Que las personas que habiten la vivienda sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.
• Que la persona que ocupe la vivienda sea una persona dependiente, víctima de violencia sobre la mujer, o que tenga a su cargo alguna persona dependiente o menor de edad.

En els casos que describimos a continuación, no se procederá, en ningún, a la citada suspensión del deshaucio o del lanzamiento:

• Cuando la ocupación afecte a un inmueble propiedad de una persona física que tenga en él su domicilio habitual o una segunda residencia.
• Cuando la entrada se haya producido en un inmueble propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido a una persona física y constituya su domicilio habitual o segunda residencia.
• Cuando la entrada o la permanencia se haya producido mediante intimidación o violencia sobre las personas.
• Cuando la vivienda se esté utilizando para el desarrollo de actividades ilícitas.
• Cuando la entrada o la permanencia se haya producido en inmuebles de titularidad pública o privada destinados a vivienda social y la vivienda ya hubiera sido asignada a un solicitante.
• Cuando la entrada se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

Prórroga del derecho de los arrendadores a una compensación económica.

El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, introdujo asimismo el derecho de los arrendadores afectados por una suspensión extraordinaria del procedimiento de desahucio o de lanzamiento a solicitar una compensación económica, en el caso de que la Administración competente no hubiera adoptado medidas para hacer frente a la situación de los arrendatarios u ocupantes en situación de vulnerabilidad, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de emisión del informe de los servicios sociales.

El Real Decreto Ley 16/2025, de 23 de diciembre, regula la prórroga de este derecho de los arrendadores hasta el 31 de enero de 2027.