La actual política de vivienda provoca que los pequeños propietarios no pongan sus viviendas en alquiler

Se intensifica la escasez de vivienda aportada por los pequeños propietarios, que representan el 90 % del parque de viviendas de alquiler.

Desde la Cambra Propietat Urbana de Girona alertamos de que los datos confirman que la oferta de vivienda de alquiler no deja de disminuir y, como consecuencia, aumenta la dificultad de acceso a la vivienda. La escasa oferta y la elevada demanda convierten la situación en una especie de subasta en la que los más perjudicados son quienes cuentan con economías más débiles. Estas personas tampoco encuentran soluciones en la vivienda social, ya que desde hace décadas no se construyen nuevas promociones, ni públicas ni privadas.

El acceso a la vivienda en alquiler se ha convertido en uno de los mayores problemas sociales debido a la escasez de oferta, que a su vez empuja los precios al alza.

Desde un inicio, las administraciones han optado por confrontar a los arrendadores, sean pequeños o grandes, con un sinfín de disposiciones perjudiciales para los intereses de los propietarios, trasladando al ámbito privado una labor social que corresponde a la administración.

El resultado es claro: el problema del acceso a la vivienda, lejos de solucionarse, empeora porque muchos arrendadores están optando por vender sus inmuebles. Esta opción no solo se está dando entre pequeños propietarios, sino que también observamos en los medios cómo grupos inversores que habían apostado por crear carteras de viviendas en alquiler en Catalunya están ahora deshaciéndose de ellas.

Las aportaciones de los pequeños propietarios representan más del 90 % del parque de viviendas en alquiler.

Son muchos los factores que desincentivan a los arrendadores a continuar con su actividad. Entre ellos destacan la perpetuación de situaciones de ocupación con largos procesos judiciales y el elevado coste que ello implica. También influye la regulación de precios, basada en una metodología que genera situaciones discriminatorias, o la declaración de zonas de mercado tensionado para el 87 % del parque inmobiliario, aplicando las mismas medidas de contención de rentas en pequeños municipios que en Barcelona, donde el precio del alquiler se triplica.
Otros factores que desincentivan son la reducción de bonificaciones en el IRPF y la pretendida eliminación de los contratos de arrendamiento de temporada, acompañada de un régimen sancionador con multas completamente desproporcionadas que pueden llegar hasta los 900.000 euros.

Por su parte, los pequeños propietarios arrendadores, titulares de hasta cinco viviendas, incluyendo la propia y una posible segunda residencia, quedan sujetos a las mayores limitaciones que se aplican a los denominados grandes tenedores. Esto conlleva restricciones más severas de precios, la obligación de ofrecer alquiler social en casos de impago y ocupación, y una fiscalidad especialmente dura, duplicando los porcentajes del ITP para adquisiciones, entre otras medidas.

Otro factor que incide negativamente sobre los precios del alquiler es el exceso de fiscalidad que sufre el sector inmobiliario en España, aún más acentuado en Catalunya.
Un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos cifra en el 30,3 % la carga fiscal sobre la rentabilidad de una vivienda en propiedad, que se eleva al 44 % en el caso de inmuebles destinados al alquiler. Este cálculo contempla la diversidad de impuestos que afectan al sector, como el ICIO, el ITP, el IVA, la plusvalía municipal y el IRPF. Este mismo estudio, que abarca todos los países de la OCDE, sitúa la carga fiscal en España en un 30,3 %, la segunda más alta a nivel mundial, solo por detrás de Canadá (38,9 %), y muy por encima de la media europea (6,5 %) o la media de la OCDE (9,7 %).

Para paliar el problema de la vivienda es necesaria la colaboración de todos los agentes:

Las administraciones, mediante la creación de vivienda social; las entidades sin ánimo de lucro, que durante muchos años han contribuido a este fin; el sector privado, que con incentivos adecuados podría aportar un gran número de viviendas nuevas al mercado de alquiler; y, por supuesto, los pequeños propietarios, cuya aportación —como ya se ha mencionado— representa más del 90 % del parque de viviendas en alquiler.

Es urgente un cambio en la política de vivienda.

Debe dejarse de señalar a los propietarios como los culpables de la actual precariedad del mercado de la vivienda. Los propietarios se han convertido en destinatarios de una multiplicidad de regulaciones, limitaciones y sanciones, en un contexto de creciente inseguridad jurídica.
Es necesario impulsar iniciativas incentivadoras que logren que todos los propietarios, desde los más pequeños hasta las grandes empresas, puedan contribuir con el mayor número posible de viviendas al mercado de alquiler de forma sostenida en el tiempo, con el fin de aumentar la oferta disponible.

Reduciendo la escasez de viviendas en alquiler, se normalizarán los precios del arrendamiento.