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Cataluña seguirá con la Ley de Contención de rentas hasta que el TC dicte sentencia

Los ayuntamientos son quienes deciden si se aplicará la ley de contención de rentas en su municipio

El gobierno español, al igual que meses atrás hizo el Partido Popular, ha acordado de impugnar, ante el Tribunal Constitucional, la normativa catalana de contención de rentas por entender que regula una materia reservada a la regulación estatal.

En el transcurso de la tramitación parlamentaria el Tribunal de Garantías Estatutarias ya determinó diversos aspectos de inconstitucionalidad, aún así, se determinó que sacar adelante esta Ley y con trámite de urgencia.

Habitualmente las impugnaciones de normativas autonómicas ante el TC conllevan la inmediata suspensión de la norma impugnada, pero no será así en este caso, pues las presiones realizadas desde Cataluña, han hecho que el Consejo de Ministros acordara de realizar esta impugnación sin pedir, en este caso, la suspensión de la norma.

Así pues, en Cataluña, seguirá de aplicación la llamada ley de contención de rentas, inicialmente en los 60 municipios que determinó la ley, que en el caso de Girona afecta a los municipios de Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Salt y Sant Feliu de Guíxols. Los municipios relacionados, les es de aplicación hasta el próximo 21 de septiembre, a partir de esta fecha, la ley será de aplicación a aquellos municipios que hayan solicitado la declaración de zona de vivienda tienes.

Así pues serán los Ayuntamientos quienes determinarán, si en su término municipal les será de aplicación esta regulación constrictiva de los precios de alquiler. Cabe decir que la situación del mercado de alquiler en las comarcas de Girona, nada tiene que ver con los fuerte incrementos de precios que se estaban produciendo en Barcelona y en su zona metropolitana. Tampoco tiene nada que ver el importe del alquiler en valores absolutos de Barcelona con los de las comarcas de Girona. La situación en las comarcas gerundenses no justifica la aplicación de esta regulación.

En todo caso, lo que conviene es incentivar la aportación de nuevos inmuebles en el mercado de alquiler para incrementar la oferta y mantener un mercado lo más equilibrado posible y así evitar incrementos de precios.

De los datos que se desprenden de las estadísticas que trimestralmente elabora la Cámara de la Propiedad de Girona, (publicadas en nuestra web), se constata que después de una importante reducción de precios debido a la crisis económica de 2008, se produce un período de recuperación de precios y una posterior estabilización, que es la fase donde nos encontramos ahora, esta evolución de los precios y más después del efecto Covid19 sobre el mercado de alquiler no justifica la aplicación de una normativa de contención de rentas.

No podemos olvidar los aspectos especialmente injustos que se dan en la aplicación de esta regulación en tanto que, al uniformar los precios, se castiga a aquellos propietarios que han invertido y mantienen un piso rehabilitado frente a aquellos otros que no han invertido, el importe del alquiler aplicable es el mismo. Discrimina a los propietarios que han arrendado el inmueble los últimos 5 años, obligados a mantener el precio inicial del contrato anterior, de aquellos otros que pueden aplicar precios más actuales resultante del índice. Esta medida no es de contención, sino de reducción de precios, en tanto que al tomar de referencia los contratos anteriores, cuanto más antiguo sea este menor será la renta aplicable, resultado de las reducciones de los precios derivadas de la crisis inmobiliaria de 2008.

Confiamos en que los Ayuntamientos, en base a los datos objetivos de sus respectivos mercados de alquiler, no opten por la aplicación de la contención de rentas, que tiene un claro efecto desincentivador por los arrendadores y que se acaba traduciendo en una reducción del número de inmuebles que se incorporan en el mercado. Los inversores que pueden aportar una mayor oferta apostarán por municipios no regulados.

Más que regulación de precios lo que conviene es lograr una amplia oferta de alquiler social, sea con inversión publica, privada o a través de las diferentes fórmulas de colaboración público-privada. Todas las Administraciones deberían centrar sus esfuerzos en hacer políticas encaminadas a incrementar el parque de viviendas social.

 

Miquel Costa Perich
Gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Girona

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