Esta medida ha afectado al 88% de los contratos firmados en la provincia de Girona. Además, la regulación de precios ha hecho que los contratos de arrendamiento sean mucho más complejos, ya que ahora se deben tener en cuenta muchas variables, como la ubicación de la vivienda, la condición de gran tenedor del arrendador, la determinación de los precios del alquiler en función del contrato anterior o según el índice de precios, etc.
Para actuar sobre este grave problema de escasez de viviendas de alquiler, las administraciones han optado por políticas de vivienda contrarias a los propietarios arrendadores, aplicando medidas que desincentivan la oferta, ya sea de pequeños propietarios o grandes inversores. A pesar de las promesas de futuras promociones públicas, no está claro cómo ni cuándo podrán llevarse a cabo.
En este sentido, continúan prorrogándose las medidas excepcionales que impiden realizar ciertos desahucios por impago. Estas situaciones de emergencia habitacional siguen recayendo sobre determinados propietarios y no sobre la administración.
Se prevé que este 2025 siga la misma línea que el 2024. Por lo tanto, continuarán aplicándose acciones intervencionistas por parte de la administración, lo que se traducirá en mayores limitaciones y más regulaciones en el mercado del alquiler.
En este momento, no tenemos conocimiento de que se estén preparando medidas para incentivar a los propietarios arrendadores a aportar viviendas de alquiler al mercado. Por lo tanto, se prevé que, para 2025, la actual situación dramática de falta de oferta se prolongue o incluso empeore.
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