El pasado 17 de febrero de 2023 entr\u00f3 en vigor la nueva regulaci\u00f3n que permite a las Comunidades de Propietarios de manera indirecta y a los ayuntamientos de forma m\u00e1s directa, emprender acciones judiciales para desalojar a los okupas que supongan una alteraci\u00f3n de la convivencia, del orden p\u00fablico o pongan en peligro la seguridad o la integridad del inmueble.<\/p>\n
La ocupaci\u00f3n de viviendas es un problema generalizado que habitualmente provoca problemas de convivencia en las comunidades afectadas y graves perjuicios econ\u00f3micos a los propietarios. La legislaci\u00f3n actual no permite una desocupaci\u00f3n r\u00e1pida, y requiere emprender acciones judiciales que alargan la situaci\u00f3n de hecho. Y mientras estos plazos sean largos se seguir\u00e1n produciendo ocupaciones.<\/p>\n
En 2018 se modific\u00f3 la normativa procesal y se agiliz\u00f3 el procedimiento judicial para desalojar a los okupas, y ahora la legislaci\u00f3n catalana permite a los ayuntamientos, de oficio o a instancia de las comunidades de propietarios, obligar a los propietarios grandes tenedores a emprender acciones judiciales encaminadas al desalojo de los okupas. Ni una regulaci\u00f3n ni la otra proporcionan acciones r\u00e1pidas que puedan desincentivar los desalojos.<\/p>\n
La actual modificaci\u00f3n legislativa es una herramienta m\u00e1s, aunque enfocada s\u00f3lo a aquellas viviendas ocupadas que sean de grandes tenedores y cuyos ocupantes alteren la convivencia. No es una herramienta generalizada para combatir todas las ocupaciones.<\/p>\n
Tampoco describe un procedimiento r\u00e1pido, todo lo contrario, si una comunidad padece los problemas de convivencia que generan las ocupaciones y quiere instar el desalojo se deben seguir una serie de tr\u00e1mites. Es necesario que el presidente de la comunidad de vecinos requiera fehacientemente al ocupante que deje de realizar las actividades que perturban la convivencia de la Comunidad. Y tambi\u00e9n es necesario que la junta de propietarios tome el acuerdo de denunciar al Ayuntamiento este hecho para que inicie el expediente. Entonces el Ayuntamiento requerir\u00e1 al propietario del inmueble para que inicie el desalojo. Si en el plazo de un mes el propietario no ha interpuesto la demanda, el Ayuntamiento queda legitimado para iniciar el procedimiento judicial pertinente para instar el desalojo de la vivienda. Y despu\u00e9s de estos tr\u00e1mites queda todo el procedimiento judicial hasta conseguir la sentencia, y despu\u00e9s a\u00fan la ejecuci\u00f3n de la misma.<\/p>\n
No parece que todo esto sea un avance importante en el camino de evitar que se sigan produciendo ocupaciones, que siga habiendo problemas de convivencia por este motivo en las Comunidades, y que se siga con los perjuicios econ\u00f3micos a los propietarios de las viviendas ocupadas. S\u00f3lo se trata de una herramienta para los supuestos de inacci\u00f3n de los propietarios de las viviendas ocupadas. Bienvenida esta herramienta pero si no disponemos de un procedimiento que permita el desalojo inmediato de los okupas, el problema subsistir\u00e1.<\/p>\n
<\/p>\n
Miquel Costa Perich
\nGerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona<\/p>\n