Recientemente el Tribunal Constitucional, atendiendo a un recurso del Partido Popular, dej\u00f3 inaplicable la ley de Contenci\u00f3n de rentas catalana al anular una serie de art\u00edculos que incid\u00edan sobre la determinaci\u00f3n de la renta de los contratos de alquiler, cuando este concepto forma parte de la regulaci\u00f3n b\u00e1sica de los contratos y como tal, es competencia reservada al Estado, y ahora semanas m\u00e1s tarde, estimando un recurso del gobierno espa\u00f1ol sobre la misma regulaci\u00f3n, el TC ampl\u00eda los art\u00edculos anulados de la misma norma de la Generalitat. En este caso el Tribunal Constitucional, acaba de anunciar una nueva sentencia por la que se anula la obligaci\u00f3n de acreditar que se ha realizado el ofrecimiento de alquiler social antes de presentar una demanda de ejecuci\u00f3n hipotecaria o de desahucio por falta de pago por parte de aquellos grandes tenedores propietarios de viviendas inscritas en el Registro de viviendas vac\u00edas en las condiciones que determina el art\u00edculo 16 de la ley 4\/2016 en el que se regula la obligaci\u00f3n de realojamiento en los supuestos de riesgo de exclusi\u00f3n social.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea el Tribunal Constitucional anula tambi\u00e9n el actual redactado del art\u00edculo 5.3 de la ley 24\/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el \u00e1mbito de la vivienda en cuanto en su apartado tercero impone el obligaci\u00f3n de acreditar que se ha realizado el ofrecimiento de alquiler social por aquellas personas o unidades familiares en riesgo de exclusi\u00f3n residencial que no tengan una alternativa de vivienda. Esta obligaci\u00f3n afecta a los grandes tenedores de viviendas ya los adquirentes de viviendas que provienen de ejecuciones hipotecarias, ventas obligadas por la imposibilidad de atender el pago de la hipoteca u operaciones de daci\u00f3n en pago<\/p>\n
En el mismo sentido podemos a\u00f1adir la sentencia del TC que derogando los apartados 1, 2 y 3 del Decreto Ley 37\/2020 (de modificaci\u00f3n de la ley 24\/2015) cu\u00e1nto obligaba a acreditar que se hubiera realizado la propuesta de alquiler social como a condici\u00f3n para interponer determinadas demandas judiciales.<\/p>\n
Por otra parte, recordar que la reciente ley 1\/2022 para afrontar la emergencia en el \u00e1mbito habitacional, regula nuevamente estas figuras que se han declarado inconstitucionales en las normativas anteriores como se acaba de especificar.<\/p>\n
Este alud de sentencias de inconstitucionalidad pone de manifiesto que los legisladores catalanes prescinden completamente de los marcos constitucionales dentro de los que se puede legislar, especialmente en lo que respecta a las limitaciones competenciales ignorando en muchos casos las advertencias del Tribunal de Garant\u00edas Estatutarias.<\/p>\n
El \u00e1mbito de la vivienda en Catalu\u00f1a est\u00e1 marcado por un exceso de regulaci\u00f3n, dispersa en m\u00faltiples normativas, y una falta de rigor jur\u00eddico de las mismas, como queda demostrado en estas repetidas sentencias del TC con anulaciones parciales de estas normativas. Todas estas regulaciones tienen como denominador com\u00fan la restricci\u00f3n de los derechos a la propiedad con figuras como la regulaci\u00f3n de rentas de los alquileres, el alquiler social obligatorio, el registro de grandes tenedores, el registro de pisos vac\u00edos, etc. Todo ello crea un clima de inseguridad jur\u00eddica que no favorece la entrada de inversores que aporten un mayor n\u00famero de viviendas de alquiler en el mercado. Contrariamente se necesitan m\u00e1s pol\u00edticas incentivadoras que favorezcan la aportaci\u00f3n de viviendas de alquiler y la construcci\u00f3n de vivienda social, sea p\u00fablica, privada o en colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada para paliar el actual d\u00e9ficit de vivienda de alquiler.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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