{"id":3024,"date":"2021-02-04T15:17:04","date_gmt":"2021-02-04T14:17:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cambrapropietatgirona.com\/el-constitucional-anulla-diversos-articles-del-decret-llei-17-19-de-mesures-urgents-per-a-millorar-lacces-a-lhabitatge\/"},"modified":"2021-02-11T12:57:59","modified_gmt":"2021-02-11T11:57:59","slug":"el-constitucional-anulla-diversos-articles-del-decret-llei-17-19-de-mesures-urgents-per-a-millorar-lacces-a-lhabitatge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cambrapropietatgirona.com\/es\/el-constitucional-anulla-diversos-articles-del-decret-llei-17-19-de-mesures-urgents-per-a-millorar-lacces-a-lhabitatge\/","title":{"rendered":"El Constitucional anula varios art\u00edculos del Decreto Ley 17\/19, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda"},"content":{"rendered":"<p>Estos d\u00edas ha salido a muchos medios de comunicaci\u00f3n la noticia de que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el Decreto Ley 17\/19, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.<\/p>\n<p>La verdad es que, a falta a\u00fan del texto \u00edntegro de la sentencia (que no ha sido a\u00fan publicada), lo que sabemos por la breve nota informativa emitida por el propio Tribunal Constitucional (nota 4\/2021) es que se ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad en su d\u00eda planteado contra aquella norma, declarando inconstitucionales algunos de sus art\u00edculos; en base a la inadecuaci\u00f3n del instrumento normativo utilizado: el decreto ley.<\/p>\n<p>Los argumentos que utilice el Tribunal Constitucional, sin duda, pueden ser relevantes para la resoluci\u00f3n de otros recursos de inconstitucionalidad planteados contra otras disposiciones aprobadas posteriormente en Catalu\u00f1a, y que afectan a los propietarios de inmuebles, a trav\u00e9s del mismo instrumento normativo (decreto ley).<\/p>\n<p>En concreto los art\u00edculos ahora anulados por inconstitucionales son:<\/p>\n<p>A.- Los artes. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7, y 10.2 que introduc\u00edan modificaciones a la ley 18\/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, dirigidas fundamentalmente a facultar la administraci\u00f3n para la adopci\u00f3n de medidas coercitivas e incluso expropiadores contra los propietarios de &#8220;viviendas vac\u00edas&#8221;:<\/p>\n<ul>\n<li>El art.2.2. introduc\u00eda dentro de los supuestos en que se entend\u00eda que hay un incumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad de una vivienda &#8220;que permanezcan desocupados de forma permanente e injustificada por un plazo de m\u00e1s de dos a\u00f1os. Ni la ocupaci\u00f3n de estas viviendas sin t\u00edtulo habilitante ni la transmisi\u00f3n de su titularidad no alteran la situaci\u00f3n de incumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad &#8220;. Se introduc\u00eda as\u00ed los supuesto de los llamados &#8220;viviendas vac\u00edas&#8221; que facultaba a la Administraci\u00f3n para adoptar una serie de medidas coercitivas contra los propietarios de tales viviendas vac\u00edas. Este a\u00f1adido ahora se ha anulado.<\/li>\n<li>El arte. 2.3. a\u00f1ad\u00eda una supuesto en que se entend\u00eda que hab\u00eda un incumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad de una vivienda cuando no se destinaba a residencia habitual y permanente de personas una vivienda de protecci\u00f3n oficial o una vivienda reservado para el planeamiento urban\u00edstico a este tipo de residencia.<\/li>\n<li>El arte. 2.4. establec\u00eda que en los dos supuestos anteriores supon\u00edan un incumplimiento del deber de propiedad de las edificaciones de dedicarlas a usos compatibles con la ordenaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica.<\/li>\n<li>El arte. 2.5. introduc\u00eda que las administraciones pod\u00edan declarar el incumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad de las viviendas cuando, requeridos los propietarios para que adoptaran las medidas necesarias para cumplir con dicha funci\u00f3n, estos incumpl\u00edan el requerimiento en el plazo establecido, pudiendo conllevar la adopci\u00f3n de medidas de ejecuci\u00f3n forzosa que la legislaci\u00f3n en materia de vivienda o de los solo establece, incluyendo la expropiaci\u00f3n forzosa en los casos establecidos legalmente.<\/li>\n<li>El arte. 2.7 asimilaba la situaci\u00f3n de vivienda vac\u00eda la de edificios inacabados con destino final a vivienda, con m\u00e1s del 80% de las obras de construcci\u00f3n ejecutadas, despu\u00e9s de que hayan transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os desde la finalizaci\u00f3n del plazo m\u00e1ximo para acabarlos.<br \/>\nFinalmente el art. 02:10 preve\u00eda que la resoluci\u00f3n en que se requiriera a propietarios personas jur\u00eddicas privadas para que adoptara las medidas necesarias para poner fin a la situaci\u00f3n de desempleo y destinara los inmuebles a vivienda, la ten\u00eda que advertir que si no se ocupaba legalmente y efectiva en el plazo establecido, se podr\u00eda exigir la ejecuci\u00f3n forzosa de las medidas requeridas mediante la imposici\u00f3n de una multa coercitiva de mil euros por cada vivienda por lapsos de tiempo de un mes mientras permanezcan desempleados, con un importe m\u00e1ximo total del 50 por ciento del precio estimado de la vivienda. Tambi\u00e9n a\u00f1ad\u00eda que esta resoluci\u00f3n debe incluir la posibilidad de declarar el incumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad a efectos de iniciar el procedimiento para su expropiaci\u00f3n forzosa. Y finalmente se preve\u00eda que &#8220;en el caso de transmisi\u00f3n de la vivienda, el nuevo propietario se subroga en la posici\u00f3n del anterior a efectos de asumir las consecuencias del incumplimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad, con independencia de cu\u00e1ndo se inici\u00f3 el desempleo &#8220;.<\/li>\n<\/ul>\n<p>B.- Los artes. 5.5, 5.6, 5.7 que modificaban Ley 24\/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el \u00e1mbito de la vivienda y la pobreza energ\u00e9tica, que preve\u00edan la cesi\u00f3n forzosa de viviendas vac\u00edo, el obligaci\u00f3n de renovar alquiler sociales, la obligaci\u00f3n de los grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales antes de interponer demandas judiciales en determinantes casos, la duraci\u00f3n m\u00ednima del alquileres sociales y la inclusi\u00f3n de las personas f\u00edsicas dentro del concepto de gran tenedor:<\/p>\n<ul>\n<li>El art. 5.5 preve\u00eda que la administraci\u00f3n pod\u00eda iniciar un procedimiento para resolver la cesi\u00f3n obligatoria de viviendas, por un per\u00edodo de tres a\u00f1os, para incorporarlos al Fondo de viviendas de alquiler para pol\u00edticas sociales, en el caso de viviendas vac\u00edas que sean propiedad de personas jur\u00eddicas y siempre que el propietario hubiera incumplido el requerimiento para que la vivienda fuera ocupado legalmente para constituir la residencia de las personas, no acreditando empleo en un plazo m\u00e1ximo de un mes. VIEMA que esta anulaci\u00f3n se consiguiente con la de los art\u00edculos de la Ley 18\/2007 antes comentados<\/li>\n<li>El arte. 5.6 establec\u00eda una obligaci\u00f3n de renovar los alquiler sociales obligatorios en llegar al fin del plazo contractual establecido. As\u00ed los inquilinos ten\u00edan derecho a la formalizaci\u00f3n, por una sola vez, de un nuevo contrato con la duraci\u00f3n establecida legalmente, siempre que continuaran dentro de los par\u00e1metros de exclusi\u00f3n residencial y as\u00ed lo acreditase.<\/li>\n<li>El arte. 5.7. hac\u00eda extensiva la obligaci\u00f3n de los propietarios grandes tenedores (o personas jur\u00eddicas que hubiera adquirido despu\u00e9s del 30 de abril de 2008 viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias o de acuerdos de compensaci\u00f3n o daci\u00f3n por imposibilidad de devolver el pr\u00e9stamo hipotecario). de ofrecer un alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales, a cualquier acci\u00f3n ejecutiva derivada de la reclamaci\u00f3n de una deuda hipotecaria y en las demandas de desahucio siguientes:\n<ul>\n<li>a) Por vencimiento de la duraci\u00f3n del contrato (la propuesta de alquiler social era en este caso exigible durante un per\u00edodo de 3 a\u00f1os contados a partir de la entrada en vigor del Decreto Ley de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda).<\/li>\n<li>b) En casos de empleo si el demandado ten\u00eda la condici\u00f3n de gran tenedor si:\n<ul>\n<li>1\u00ba. Que la vivienda se encuentre en la situaci\u00f3n de utilizaci\u00f3n an\u00f3mala (41.1.a de la Ley 18\/2007).<\/li>\n<li>2\u00ba. Que los ocupantes acrediten por cualquier medio admitido en derecho que la ocupaci\u00f3n sin t\u00edtulo se inici\u00f3, como m\u00ednimo, seis meses antes de la entrada en vigor del Decreto Ley de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar la acceso a la vivienda.<\/li>\n<li>3\u00ba. Que los ocupantes no hayan rechazado ninguna opci\u00f3n de realojo social en los \u00faltimos dos a\u00f1os ofrecida por cualquier administraci\u00f3n p\u00fablica<\/li>\n<li>4\u00ba Que los servicios municipales emitan informe favorable sobre el cumplimiento, por parte de los ocupantes, de los par\u00e1metros de riesgo de exclusi\u00f3n residencial y sobre el arraigo y la convivencia en el entorno vecinal.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Igualmente preve\u00eda que la duraci\u00f3n m\u00ednima de los contratos de alquiler social deb\u00eda ser la prevista por la LAU: 5 a\u00f1os para personas f\u00edsicas y 7 para personas jur\u00eddicas.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Finalmente preve\u00eda la inclusi\u00f3n dentro del concepto de gran tenedor de los fondos de capital riesgo o titulaci\u00f3n de activos y las personas f\u00edsicas que dispongan de la titularidad de m\u00e1s de 15 viviendas. As\u00ed pues, con la anulaci\u00f3n de este art\u00edculo, las personas f\u00edsicas quedar\u00edan fuera de concepto de gran tenedor.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 80px;\">Respecto a la obligaci\u00f3n de los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social antes de poder interponer demandas de desahucio hay que tener en cuenta que el \u00fanico que se ha declarado inconstitucional es la extensi\u00f3n a las demandas de desahucio por vencimiento de contrato o en el casos de empleo descritos, pero sigue vigente en relaci\u00f3n a las demandas desahucio por impago de alquiler (sin perjuicio de que, como ya comentamos en su d\u00eda, las Audiencias Provinciales de Girona y Barcelona dictaron unos acuerdos de unificaci\u00f3n de criterios en virtud de los cuales entendieron que esta normativa el que establec\u00eda eran requisitos administrativos pero no procesales, y por tanto no imped\u00edan sacar adelante las demandas, sin perjuicio de las sanciones que la administraci\u00f3n impusiera por aquel incumplimiento administrativo).<\/p>\n<p>C.- Finalmente anulan los artes 6.3, 6.6 que modificaban la Ley 4\/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protecci\u00f3n del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusi\u00f3n residencial, que conced\u00eda facultades expropiadores de viviendas a las administraciones en determinados casos, y obligaba a los grandes tenedores de viviendas vac\u00edas al realojamiento de los ocupantes.<\/p>\n<ul>\n<li>El arte. 6.3 atribu\u00eda facultades expropiadores forzosas de vivienda a la administraci\u00f3n a efectos de dotarse de un parque social de viviendas asequibles de alquiler para atender con car\u00e1cter preferente las necesidades de vivienda de las personas que se encuentran en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n residencial, en determinados casos.<\/li>\n<li>El arte. 6.6. obligaba a ofrecer a los ocupantes que se encontraran en situaci\u00f3n de riesgo el realojo en una vivienda de su titularidad, en r\u00e9gimen de alquiler y por un plazo igual a la duraci\u00f3n m\u00ednima prevista pe la LAU, los adquirentes de las viviendas y los instantes de los procesos judiciales de ejecuci\u00f3n hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamaci\u00f3n de una deuda hipotecaria, o de desahucio por impago de rentas de alquiler que, al mismo tiempo, fueran, de acuerdo con la Ley 24\/2015, grandes tenedores titulares de viviendas inscritos en el Registro de viviendas vac\u00edas y de viviendas ocupadas sin t\u00edtulo habilitante, o susceptibles de ser inscritos, o personas jur\u00eddicas titulares de viviendas que hayan adquirido de un titular de viviendas inscritos en el Registro en primera o ulteriores transmisiones<\/li>\n<\/ul>\n<p>D.- Finalmente se declara inconstitucional la disposici\u00f3n transitoria primera que preve\u00eda que la obligaci\u00f3n de ofrecer un alquiler social antes de iniciar un alquiler social en los casos que establec\u00eda en el arte. 5.7 tambi\u00e9n era aplicable a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la norma y todav\u00eda en tramitaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El TC entiende que todas estas medidas y modificaciones de leyes no pueden introducirse a trav\u00e9s de un decreto ley, y por tanto las declara inconstitucionales y las anula.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Estos d\u00edas ha salido a muchos medios de comunicaci\u00f3n la noticia de que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el Decreto Ley 17\/19, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. 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