El Tribunal Constitucional deber\u00e1 resolver sobre los decretos de vivienda 17\/2019 y 1\/2020 ya que, seg\u00fan el PP -autor del recurso-, suponen un ataque frontal al derecho a la propiedad privada y una vulneraci\u00f3n competencial en materia de derechos, ya que tanto el Estatuto de Catalu\u00f1a como la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola establecen que un derecho fundamental como el de la propiedad privada nunca puede ser alterado a trav\u00e9s de un decreto ley.<\/p>\n
La alegaci\u00f3n se centra en los conceptos m\u00e1s pol\u00e9micos de estos decretos, como el de expropiaci\u00f3n forzosa, el de los grandes tenedores de vivienda y el de vivienda vac\u00eda, que seg\u00fan los recurrentes, son claramente inconstitucionales y suponen una indefensi\u00f3n del propietario frente a las posibles ocupaciones.<\/p>\n
La formaci\u00f3n pol\u00edtica tambi\u00e9n considera que los decretos son contrarios a las familias que esperan una vivienda social, y las que deciden invertir y ahorrar a trav\u00e9s de la vivienda o que deciden convertir la vivienda en su proyecto empresarial sin que por ello deban ser calificados de especuladores.<\/p>\n
Hay que tener en cuenta que poco despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de los decretos de vivienda, otra formaci\u00f3n pol\u00edtica, en este caso Ciudadanos, llev\u00f3 el texto al Consejo de Garant\u00edas Estatutarias (CGE), que resolvi\u00f3 que hab\u00eda aspectos del decreto que eran inconstitucionales, a pesar de que su dictamen no es vinculante. El Consejo ya pon\u00eda en cuesti\u00f3n la definici\u00f3n de vivienda vac\u00eda, que considera que la nueva definici\u00f3n que recoge el art\u00edculo 3 del decreto ley del Gobierno vulnera dos art\u00edculos de la Constituci\u00f3n que protegen el derecho de los propietarios a recuperar las viviendas ocupadas.<\/p>\n
El Gobierno aprob\u00f3 el decreto en marzo de 2019, pero en diciembre del mismo a\u00f1o aprob\u00f3 una modificaci\u00f3n para conseguir los apoyos necesarios para sacarlo adelante en el Parlamento. Uno de los cambios importantes que incorpor\u00f3 el texto es que los bancos y los fondos de inversi\u00f3n, que ya est\u00e1n obligados a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables antes de desahuciar-las, tambi\u00e9n estar\u00e1n obligados a hacer este gesto con las familias a quienes se les acabe el contrato de alquiler, las que se encuentren afectadas por procesos de desahucio o bien las que est\u00e9n ocupando una vivienda sin ning\u00fan tipo de contrato y puedan demostrar que llevan m\u00e1s de seis meses viviendo en el piso en el momento de entrada en vigor de la ley y que est\u00e9n en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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